JUSTICIA CIEGA

LA CORTE PONE PALOS

EN LA RUEDA A LAS

DEMANDAS DE LOS JUBILADOS

(Escribe Roberto C. Neira). La Corte Suprema de Justicia considerada como un organismo independiente y ajeno a las evoluciones de las políticas económicas y sociales del Poder Ejecutivo acaba de sepultar las esperanzas de 1, 1 millones de jubilados que obtuvieron menos aumento que el dictado por la corte en el Caso Badaro y que, por tanto, comenzaron a reclamar por el ajuste. Es obvio que la Corte recibió indirectamente de parte del gobierno un mensaje desalentador con respecto al futuro porque los tribunales de Seguridad Social están colapsados como consecuencia de recibir unas 500 demandas por día. Sólo para este año el presupuesto del gobierno para pagar sentencias de los jubilados alcanza a 2.346 millones de pesos.

Las consecuencias de una política errática del ejecutivo en materia social y económica, resolviendo o intentando resolver problemas de coyuntura y de corto plazo, con ánimos electoralistas y sin apelar al desarrollo de un proyecto serio y estable a futuro para atraer las inversiones y poner en marcha definitivamente la actividad productiva de sectores como la construcción, el campo y sobre todo de la industria siderurgica y la alimentación, entre otras, hace que en un momento de crisis mundial y de menores expectativas en cuanto a la demanda internacional de productos, los meses que se avecinan resulten críticos y muy conflictivos.

De ese mensaje la Corte ha tomado nota y piensan que sería imprudente para la economía nacional que se continúe generando esta sangría. Por lo tanto, ahora los tribunales no podrán beneficiar con el 88,6% de incremento automático a todos los jubilados que están en juicio por haberes y deberán definir cada caso en particular.

De manera que exponiendo mi caso personal como testigo por el cual se me debería otorgar una jubilación de $ 1.400 que correspondería a un aumento del 88,6% según la evolución de los salarios del INDEC, este nuevo fallo de la Corte, permitirá que el estado continúe otorgándome el privilegio de cobrar todos los meses $ 780 (más el ajuste de septiembre que promedia el 8%), lo que significa lisa y llanamente que han destruído la posibilidad de mejorar mi status dentro de dos o tres años que me permitiría llevar una vida, por supuesto, exenta de lujos, pero con aroma a sentencia justa.

De más está decir que continuaré mi demanda hasta las últimas consecuencias, como espero lo hagan el resto de los jubilados perjudicados por este nuevo avasallamiento a la clase pasiva y que se incorporen todos aquellos que están en condiciones de iniciar un reclamo. Es justo y están en todo su derecho.

Con respecto a las elecciones del 28 de junio es más que obvio que mi voto no va a ser positivo (Cobos dixit) y espero que tampoco lo sea el de los jubilados perjudicados y de sus familias, porque los trabajadores activos deberían pensar hoy que suerte les deparará el destino si estos gobiernos autoritarios y fabricantes de pobres se enquistan en el poder a perpetuidad como es su pretensión.

Piensen que si por cada jubilado perjudicado se consiguen dos o tres votos negativos en el entorno familiar, en la próxima oportunidad, seguramente, el gobierno, Anses y otros, se preocuparán en dedicar sus favores a los jubilados rezagados y empobrecidos por este estado maquiavélico y ruin.

No hay otra forma de presionar al gobierno que quitándole el voto.